DELINCUENCIA GUBERNAMENTAL

Mucho es lo que hoy se lee , se ve , se oye  y se discute en todas partes, acerca de los agravios que han provocado en todo  México, desde hace unos 15 años, las bandas y los carteles de la delincuencia organizada, como lo demuestra el caso de La Tuta en Michoacán, que se da el lujo de documentar cómo compra a policías, presidentes municipales, gobernadores y hasta periodistas.

Si bien en ese tema nuestro país ya vio demasiado, los expertos opinan que aún  no hemos tocado fondo, por lo que buena parte del país podría “colombianizarse” y entrar a  una fase en la que el dinero del crimen organizado llegue a sostener las campañas políticas para colocar a alcaldes, legisladores, gobernadores y hasta presidentes de la república a modo.

Paralelamente a las operaciones de la delincuencia organizada, operan en todo México otras bandas de delincuentes pero desde el gobierno, que haciendo grandes negocios al amparo del poder, se convierten en verdaderos delincuentes gubernamentales, los  de cuello blanco, que no en pocas ocasiones accionan de manera coordinada con grupos de la delincuencia organizada, para hacer más efectivo el negocio.

Aunque a los medios de comunicación les tocaría documentar todos estos ilícitos, no siempre los periodistas quieren o pueden hacer esa tarea, porque sería como atreverse a “avergonzar al diablo” y pagar las consecuencias. Salvo excepciones.

No extraña ver cómo policías de Coatepec acabaron con el tesorero municipal, si apenas el año pasado el propio secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, habría revelado a los alcaldes electos que en 97 municipios “al comandante lo puso la delincuencia organizada”, según audio revelado en Noticias  MVS . Se ignora si ese número aumentó o disminuyó en 2014, pero lo ocurrido en el Pueblo Mágico debe encender las alarmas en nuestros propios municipios.

Tan solo el año pasado la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió 61 recomendaciones, de las cuales 32 fueron para policías municipales, 15 para la Secretaría de Seguridad Pública y 10 para la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Ahora debe preocuparnos que los “gendarmes” se cubran el rostro con pasamontañas y que las unidades  municipales de acceso a la información impidan conocer los antecedentes de cada uno de los elementos policiacos, con el tonto argumento de que es “información confidencial” que pondría en riesgo a los “guardianes del orden”.

Pero otros delincuentes gubernamentales de más alto vuelo, tan solo en Veracruz, han sido los propios gobernadores, en especial Miguel Alemán y Fidel Herrera Beltrán, quienes hicieron crecer la deuda en sus propios periodos de gobierno, con la complacencia de la mayoría priísta en el Congreso del Estado, maiceados al fin, que tienen ahora en banca-rota las finanzas del Estado.

Nunca se aclaró cómo pasamos de los 3,500 millones de pesos que dejó como deuda Miguel Alemán, en 2004, a los más de 60,000 millones de pesos de pasivos que en 2010 nos heredó Fidel Herrera Beltrán. Y nunca se aclaró tampoco qué destino tuvieron los préstamos autorizados al Ejecutivo durante ambos sexenios. Está por conocerse el nivel de endeudamiento que tiene Javier Duarte de Ochoa en su cuarto años de gobierno y cómo dejará las finanzas en 2016.

Otras muchas expresiones de la delincuencia gubernamental a lo largo del estado y el país son:  la reforma a la Ley del IPE; las repetidas ejecuciones de militares contra “presuntos delincuentes”, sin serlo; el envenenamiento criminal de los ríos por la complicidad entre empresarios y servidores públicos; el saqueo del petróleo y  demás recursos del subsuelo con la autorización de no más de 500 diputados federales y no más de 100 senadores; el impune uso de los recursos públicos para pre-campañas y campañas de futuros legisladores y funcionarios, para que rojos, azules y amarillos le sigan chupando la sangre al pueblo. Más lo que se acumule en la semana.