20 de agosto de 2014

BARBAS A REMOJAR


Deben estar atentos los ex funcionarios municipales de los periodos 2008-2010 y 2011-2013, especialmente quienes se desempeñaron como titulares de las Unidades de Acceso a la Información o de la Contraloría Interna, pues en caso de haber impedido el acceso a los archivos o documentos bajo su resguardo podrían ser llamados a cuentas, como ya ocurrió hace unos días con dos colaboradores del ex alcalde de Teocelo, Oscar Hernández de la Cruz, actual presidente del DIF Municipal.

La aprehensión de ambos ex servidores públicos, que al menos ya pasaron unas horas en el CERESO de Pacho,  debe alertar  de igual forma a los actuales encargados de ambas dependencias municipales, de las administraciones 2014-2017, para que desde ahora sepan que sus acciones u omisiones en materia de transparencia y acceso a la información podrían ser castigadas con cárcel en un futuro próximo, si no se ajustan a la ley en la materia.

En otras palabras, el derecho a saber y el derecho a preguntar que nos conceden la Constitución y las leyes, a los ciudadanos y a los periodistas, no puede ser violentado impunemente por funcionarios públicos que en vez de servir al pueblo, cubren las espaldas y se vuelven “tapadera” de los perversos intereses de alcaldes, síndicos y regidores.

Si bien lo que urge  castigar con rigor es  la corrupción de  funcionarios de  todos los  niveles,  al menos el  caso de Teocelo ya es histórico pues más allá del alcance que tuvieron las órdenes de aprensión giradas por un  juez de Coatepec, en contra del ex contralor y el cuñado de la actual presidenta municipal de Teocelo, se establece ya un precedente, una ligera esperanza, para la defensa del Derecho de Acceso a la Información en Veracruz.

De lo que se trata ahora es de ampliar los beneficios y las bondades de  esta garantía constitucional a más ciudadanos y sectores de la sociedad, para que este derecho a saber ya preguntar no lo sigamos invocando únicamente algunos periodistas, académicos e investigadores, sino que se multipliquen los ensayos y ejercicios en los más diversos sectores de la población, para hacer más músculo o  sea más poder ciudadano.

Ante la soberbia y el cinismo de nuestros gobernantes, que siguen robando a manos llenas los dineros de nuestros impuestos, debe crearse un contrapeso que los fiscalice y los pueda denunciar, para que paguen cara su osadía, no con multas sino con cárcel, y de ese modo acotar la impunidad con que se conducen.

Esa sería además otra manera de hacer política, no desde los partidos sino desde la condición de ciudadanos, para pasar de la simple democracia representativa -la democracia electorera-, a la auténtica democracia participativa, la que crea contrapeso y exige gobiernos eficientes, transparentes y democráticos.

Aunque en Veracruz es reciente la vigencia del derecho a saber y a preguntar, que contiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, del 2008 para acá, estamos en la condición propicia para seguir aprendiendo y para socializar el conocimiento que contiene esta herramienta, de modo que hijos y nietos no sean utilizados más como trampolín de los malos políticos, ni como borregos en futuras  campañas electorales y mucho menos para que permanezcan en la condición de espectadores de los acontecimientos, sino en actores de su propio destino, pero con poder y con dignidad.

En fecha próxima  abriremos espacios de capacitación a  ciudadanas y ciudadanos e iremos al encuentro  con poblaciones y comunidades que se interesen en aprender a ejercer su derecho a saber y a preguntar, para perder el miedo y la pena, para convertirnos en activos interlocutores de nuestras autoridades más próximas, los alcaldes, síndicos y regidores, de tal manera que ellos también aprendan a incluirnos, a escucharnos y sobre todo a respetarnos.

Ejercer conscientemente nuestro derecho a saber y a preguntar, sin duda, ampliará los puentes de comunicación con los gobiernos, para fiscalizarlos y hacerlos más democráticos.

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