20 de mayo de 2014

A PACHO, COLABORADORES DEL EX ALCALDE DE TEOCELO



Elfego Riveros

Dos colaboradores del ex alcalde de Teocelo, Oscar Hernández de la Cruz  fueron detenidos e ingresados al CERESO de Pacho Viejo, el pasado viernes 9 de mayo, luego de que elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cumplieran una  orden emitida por el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, con base en la causa penal número 29/2014.

Se trata de Francisco Martínez Sánchez  y Juan Francisco Fuentes Mercado, quienes se desempeñaron como Contralor Interno y Director de la Unidad de Acceso a la Información, respectivamente, por incurrir  en  el delito de incumplimiento de un deber legal, al impedirle a este medio de comunicación  el acceso  a documentos y archivos de diversas área del Ayuntamiento de Teocelo, durante el periodo 2008-2010.

La noticia circuló en medios estatales y nacionales, pues  es  la primera vez que en Veracruz  se castiga con cárcel a  ex funcionarios  que se apartan de las obligaciones que les marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, dijo Fernando Aguilera de Hombre, miembro del consejo general del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

Durante la sesión del miércoles 14 de mayo, el consejero presidente del IVAI, José Luis Bueno Bello explicó que los ex funcionarios de Teocelo no cumplieron en tiempo y forma con su obligación de proporcionar  información en 2008 y 2009, por lo que ese instituto presentó en 2011  diez denuncias –dos en contra del Ayuntamiento de Teocelo-, al  conocer los  recursos de revisión  que interpuso el solicitante de la información y al agotarse las medidas de apremio.

Mencionó el funcionario que si bien la información solicitada ya fue proporcionada al solicitante, en 2012, no la entregaron los funcionarios de la administración de Oscar Hernández de la Cruz, sino  la administración pasada,  por lo que el delito se consumó y los ex funcionarios deben ser castigados conforme a la ley.

Durante  el pasado fin de semana corrió la versión de  que los ex colaboradores de Oscar Hernández de la Cruz salieron libres unas  horas después de ser capturados por los ministeriales, debido a que intervino la presidenta municipal de Teocelo, Ana Lilia López Vanda, quien habría pagado la fianza por cada uno de los procesados.

Se desconoce cuál será la nueva situación de Juan Francisco Fuentes Mercado, quien fue titular de la Unidad de Acceso  a la Información  durante  el periodo de Oscar Hernández de la Cruz (2008-2010) y ahora repite  en   el mismo cargo por decisión de la señora Ana Lilia López Vanda, su cuñada.
Será en las  próximas  horas o días  cuando se defina su caso,  pues  habiendo pisado la cárcel por incumplimiento de un deber legal, tendría entonces antecedentes penales que le impedirían ver a  ocupar  un  cargo público,  independientemente de otras causales como nepotismo o reincidencia.

Al menos en los cuatro meses y medio  que lleva como encargado de la Unidad de Acceso a la Información, Juan Francisco Fuentes Mercado  ha incumplido nuevamente en la entrega de la información  solicitada, como es ya  del conocimiento del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

Víctimas  o cómplices
Apercibimientos, multas y hasta cárcel podrían enfrentar otros  funcionarios y ex servidores públicos, si omiten dar respuesta a las solicitudes de información que les formulan los auténticos beneficiarios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en Veracruz, los ciudadanos y los periodistas.

Se presume que de un momento a otros habrá nuevas órdenes de aprehensión para ex funcionarios de diversos  municipios veracruzanos, entre ellos Coatepec y Cosautlán, de las administraciones 2008-2010 y 2011-2013.

Se interpreta que en ocasiones  los titulares de las Unidades de Acceso a la Información están sujetos al capricho de los alcaldes que los contratan, por lo que son obligados a ocultar y hasta destruir información comprometedora, para evitar que llegue a manos de los medios y los periodistas o de simples ciudadanos que ejercen su derecho a saber y a preguntar.

Otras  veces, sin embargo,  los directores de las  Unidades de Acceso se vuelven “tapadera” de los servidores públicos –ediles y jefes de  área o departamento-, para  evitar que se pongan al descubierto  los negocios que  hacen al amparo del poder, aplicando cobros indebidos por el foto-copiado de documentos,  declarando la supuesta inexistencia de la información  o empleando  medidas retardatarias para fastidiar al solicitante.

En cualquier caso, por acción u omisión, los encargados  de esas  Unidades de Acceso podrán ser sujetos de sanción administrativa o penal, como ya ocurrió  en  el caso Teocelo, por lo que si no es dentro de  su periodo que la procuraduría  los llame a cuentas,  podrá ser unos años después cuando  pasen algún tiempo tras las rejas, víctimas del descrédito y del escarnio, por asociarse a las prácticas perversas de la simulación, la corrupción y la impunidad.

El potencial del Derecho a Saber
 Diversas solicitudes de información formuladas a las tres últimas administraciones municipales en Coatepec , invocando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Veracruz, han tenido muy diversa respuesta de los alcaldes y titulares de ese Pueblo Mágico.

Durante el periodo 2008-2010 fue posible obtener, no sin el auxilio del IVAI, toda la información relacionada con el pago a medios y periodistas, misma que se publicó en ediciones pasadas del periódico Alta Voz, para documentar que en tan solo un año  Sergio Joaquín Ramírez Cabañas Contreras  había gastado más de 1 millón de pesos en gacetillas,  pasquines y  espacios de radio y televisión, con el propósito de promocionar su imagen personal  pero  con cargo al erario.

No sin reclamos de parte del alcalde y de sus más cercanos colaboradores, también se logró tener  acceso a documentos que permiten identificar presuntos negocios bajo el agua  que  habría entre servidores públicos y  empresarios o particulares, por la expedición de permisos para el cambio de uso y la apertura de fraccionamientos, siendo uno de los beneficiarios Fernando Padilla Farfán, dueño de la COCEI –constructora que dejó tirada la obra carretera Teocelo-El Crucero- y supuesto presta-nombres  de Fidel Herrera Beltrán.

En poder de Alta Voz están copias certificadas de un total de 28 anuencias para el cambio de uso de suelo, expedidas a igual número de beneficiarios tan sólo en 2008, primer año de la administración de Ramírez Cabañas Contreras.

Otros destinatarios de dichos permisos fueron: María Isabel Sanabria Gómez, Rosa Aurora Falcón F. de Rivero, José Luis Durán Durán, Javier Murrieta Cervantes, Sergio González Huerta, Juan José Monge Peredo, Roberto Lozada Cuevas, Delfino Méndez Cabrera, Alfonso Iñarra García (Fraccionamiento “la Reserva” SA de CV, Gilberto Maroto, Benita Alonso Cruz, Víctor Cesáreo Jaime Portilla, hermanas Castilla Murrieta, Imelda Suárez Jarvio, Rafael Soler Gómez, Efrén Hernández Ruiz, Galdino Cambambia Cubillas, José Diego López Hernández, Gildardo García Ortiz, Rubén Murillo Solis, José Peredo Colorado, Juan de Dios Hinojosa Osorio, Eugenia González Carmona, Gonzalo Rivero Puerto y  Samuel Domínguez Martínez  (Cuadro de asignaciones en la siguiente edición de este medio impreso).

En cambio, la administración de José Manuel Sánchez Martínez (2011-2013), anuló “por sus pistolas” el acceso a cualquier tipo de información o documentos de su gobierno, convirtiéndose en el funcionario más apercibido por el IVAI, al acumular más de 100 solicitudes sin respuesta; su caso y el de su director de la Unidad de Acceso a la Información –a la vez Contralor Interno- está en estudio para posibles sanciones similares a las del caso Teocelo.

Un ciudadano  de Coatepec  tuvo que esperar a que  se instalara la nueva administración municipal (2014-2017), para poder acceder a la nómina del ayuntamiento anterior. De acuerdo al documento que le proporcionó el nuevo titular de la Unidad de Acceso, Fermín Rafael  Torres Sosa, los sueldos  mensuales que percibieron en 2013 los ediles fueron: José Manuel Sánchez Martínez  $ 63,165.17 y  el síndico Julio César  Martínez Macedo $ 51,577.87

Los ocho  regidores: Fernando Eleazar Ojeda Ortiz,  Simona Siliceo Viveros, Juan Jesús Nieto Landa, Roberto Cuevas Salmones, Mireya Olmedo Martínez, José Domínguez García, Marina Parra Cepeda y   Javier Verónica Fernández recibieron un pago mensual neto de $ 44,625.36

Situación similar ocurrió en el caso de las solicitudes que no se respondieron durante el periodo 2008-2010 en el municipio de Teocelo, siendo  alcalde Oscar Hernández de la Cruz, por lo que hubo que esperar  a que interviniera el IVAI para que las autoridades del periodo 2011-2013 pudieran abrir los archivos municipales, para conocer por ejemplo a los destinatarios de 29 órdenes de pago durante los años 2008 y 2009, entre los cuales se encuentran  personas físicas y morales como:




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